Jueces y narcoparapolítica en Colombia.

COLOMBIA

El senador Álvaro García (derecha), el representante a la cámara Erick Morris (Izquierda) y el senador Jairo Merlano (centro) son investigados por su presunta vinculación con el paramilitarismo.

 

Por: HORACIO DUQUE.

Por estos días, en Colombia se ha desatado una sorpresiva arremetida de diversas instituciones del poder judicial contra la narcoparapolítica, asociada con los grupos dominantes del poder en la Casa de Nariño que conduce Uribe Vélez.

Se trata de un comportamiento nada común, dada la naturaleza del ámbito judicial, un componente fundamental  del mecanismo de dominación oligárquica. Basta con examinar lo que fue la Fiscalía de Luís Camilo Osorio, actual Embajador en el Vaticano, para darse cuenta al servicio de quien operan estas entidades. O saber que Colombia acumula los mayores índices de impunidad y complicidad de destacados jueces con inicuas estructuras criminales

Sin embargo, la lucha de clases y la movilización de las masas populares, condicionan comportamientos contradictorios de las estructuras de poder. Las obligan a desempeños no deseados, toda vez que lo que está en juego es su propia legitimidad y supervivencia.

Acicateadas por agudos debates de la oposición parlamentaria en las cámaras legislativas; presionadas por un vasto movimiento de derechos humanos que a  todo lo largo y ancho del país expresa su repudio con las decisiones gubernamentales que dan impunidad a los más horrendos crímenes de la narcoparapolítica; y emplazadas por penetrantes análisis de opinión en influyentes medios de comunicación, tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Fiscalía y la Procuraduría, han tomado, en días recientes, resonantes determinaciones que golpean poderosas estructuras de la narcoparapolítica, enclavadas en lo más profundo del actual régimen político fascista.

Después de cinco años de tediosas pesquisas, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra tres prominentes legisladores, integrantes del partido político que postuló y eligió el actual Presidente de la República, organización coordinada por un primo hermano de éste, un prepotente latifundista del sur oeste antioqueño, autores de horribles masacres en el departamento de Sucre; y ha dejado conocer que investiga  un amplio número de legisladores uribistas, por sus estrechos vínculos con los escuadrones de la muerte en diferentes lugares del territorio nacional. Todo ello con base en pruebas recaudadas ultimamente, como un computador que contiene archivos con nombres y relaciones con políticos, listas de magnicidios y contabilidades macabras por exportación de narcóticos; y testimonios de cabecillas paramilitares, que han dejado traslucir cierta frustración con el oportunismo de los politiqueros, en plan de escurrir el bulto en esta trama y hacerse los de la vista gorda para lavarse las manos.

La Fiscalía, acusada de seguir andando a paso lento en todo lo que tiene que ver con los tentáculos de este engendro y su infiltración en el Estado, ha capturado una dirigente uribista de la Costa Atlántica, Muriel Benito Rebollo, artífice de acciones criminales con los paramilitares, para obligar a los campesinos a votar por AUV y sus candidatos a cuerpos legislativos locales.

De igual manera, el titular de dicha entidad anunció otras acciones contra más políticos del campo gubernamental, arguyendo que lo visto, supera largamente los episodios del conocido proceso 8000, el cual en los años 90 destapó el grotesco contubernio del expresidente Samper con el Cartel de Cali, que lo ayudó a elegir, en una coalición de la que hacia parte el actual Presidente. Palabras mayores que ojala no se queden en eso y vayan rápido a los hechos, porque así lo demanda la ciudadanía.

La Procuraduría, cuyo titular es oriundo del Cesar, departamento completamente paramilitarizado, acusado también de tener vínculos con las mafias criminales y de hacer mutis por el foro en todos los casos de las autodefensas, forzado, además,  por la cadena de acontecimientos ocurridos, abrió pliego de cargos en el ámbito disciplinario contra el ex director del DAS Jorge Noguera, por vínculos con la cúpula paramilitar; por el incremento de su patrimonio al recibir dineros de comisiones por contratos del área de informática del DAS; por entorpecer actividades operativas en apoyo judicial, que tenían como objeto incautar bienes sujetos al proceso de extinción de dominio de personas vinculadas con el narcoparamilitarismo; y por la reducción del área de investigaciones financieras del DAS, que tenía asignadas investigaciones solicitadas por la Fiscalía que podrían comprometer a Noguera y a miembros de su familia con narcotraficantes.

En este caso se trata de un personaje de la entraña misma del poder presidencial; hasta hace poco Cónsul en Roma y a quien Uribe Vélez ha presentado como un ciudadano ejemplar, sin mancha ni pecado y leal a su proyecto fascista.

Todos estos eventos han significado un hondo remeson político.

Ante el anunció de nuevas investigaciones, otros jefes de la narcoparapolítica han dicho que si a ellos los tocan, mas arriba otros serán comprometidos. El senador Alvaro Araujo, del Cesar, hermano de la Canciller (señalada por su cercanía al ambiente social paramilitar), cuyo hermano es el tesorero del cabecilla Jorge 40, se destapó y reclamó protección porque si  es detenido, es inevitable se comprometa a Uribe Vélez. Lo que inmediatamente fue contestado por el Ministro del Interior, diciendo que las responsabilidades penales son individuales y no comprometen  a nadie más. Cómo quien dice, senador Araujo, prepárese para lo que le viene, porque nosotros en el gobierno “nos abrimos de ese parche” como dicen en las calles bogotanas. Ya J. O. Gaviria, la eminencia gris de Palacio, sentenció que el no aceptaba la tesis fascista (¡hágame el favor el salto que dio este personaje!) que sugiere que el delito penal de los individuos también compromete a la familia, a la raza, al partido, a la nación y a todo cuanto se atraviese por el medio. Saquen cuentas para donde va todo esto.

Lo que las autoridades judiciales están haciendo es lo natural. Es lo que uno espera de dichas entidades públicas. Es su competencia y responsabilidad. De allí,  el llamado para que se profundicen estos procesos y no se queden solo en el Departamento de Sucre y en dos o tres casos mas.

Hay que exigir el castigo de los peces gordos.

Me refiero a los familiares de dos Ministros de AUV que integran en Antioquia grupos paramilitares.

A los contratistas más favorecidos de la administración Uribe, hijos de uno de los financiadores de los paramilitares y determinadores de las masacres.

Me refiero a Trino Luna, el gobernador del Magdalena, gestor paramilitar, cuyo cinismo lacera.

Me refiero a senadores como Dief Maloof, Char y otros del departamento del Atlántico.

Al senador y miembro de la U, Mauricio Pimiento, la estrella dorada de Jorge 40.

A los políticos del Meta.

A los políticos de Bogota y Cundinamarca.

A los de Antioquia y el Valle.

A los del Eje Cafetero como Merheg y la gobernadora del Quindío, acusada de haber puesto al servicio de Wilmer Varela alias Jabon, toda la administración territorial.

Me refiero a Generales, activos y en retiro.

Me refiero a los banqueros, empresarios, multinacionales, contratistas y granes negociantes que andan detrás de todo esto.

En fin, me refiero a Uribe Velez, gestor y pionero de toda esta infernal maquinaria politico-miltar, quien con las Convivir en Antioquia sentó las bases de este monstruoso frankenstein que hoy carcome la sociedad colombiana. El es el único artifice de todo esto.

La izquierda revolucionaria que representa la resistencia campesina y popular y la propia izquierda pragmática que discurre en el ambiente parlamentario y electoral, tienen que trascender este ámbito de las acciones judiciales, plausible por cierto, y perfilar una estrategia de poder para que el proceso conduzca a un profundo cambio radical de nuestra nación, y no se convierta en otra frustración más.

No ha de ser que todo termine en una relegitimación de los viejos poderes oligárquicos con personajes como Cesar Gaviria y otros en la dirección del Estado, gestionando los intereses de la burguesía y el imperialismo, con la última versión del neoliberalismo. Cosa que no es nada improbable si nos descuidamos..