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Nueva TRIBUNA

Alegato político de Plenaria Memoria y Justicia

Alegato político de Plenaria Memoria y Justicia

Estuvimos juntos todo este tiempo, bajo lluvia, invierno o verano, unos poquitos o varios cientos, pero siempre firmes. Allí en la puerta de los juzgados cuando eran citados los torturadores de la OCOA, el canciller de la muerte Juan Carlos Blanco, el dictador latifundista Bordaberry etc. Estuvimos año tras año, las banderas blancas de Plenaria y nuestra paloma de memoria y justicia, y tantas otras compañeras y compañeros. Pero antes también, cuando había que ir a buscarlos allí donde se escondían, en sus estancias, en sus mansiones lujosas. Con aquella caravana por la justicia se los fue empujando fuera del anonimato, se los fue condenando socialmente, antes de que terminaran siendo condenados también en los tribunales.

Hoy estamos festejando que el pueblo después de tantas luchas acorraló a los impunes. Y justo ahora, cuando nos preparamos para continuar la ofensiva de memoria y justicia, para que vayan cayendo todos los impunes, para que el pueblo condene socialmente a los que siguen escondidos y sin castigo, el poder judicial vuelve contra nosotros con el procesamiento por "sediciosos".

Compañeras y compañeros: esta dualidad del poder Judicial no es casualidad.

De la mano de jueces como Fernández Lecchini, quieren meternos presos.
Empuñando el lado del Código Penal más retrógrado nos denominan sediciosos. Porque somos anticapitalistas y actuamos como tales. Porque somos antiimperialistas, y luchamos por los mismos sueños que lucharon nuestras compañeras y compañeros muertos, desaparecidos y torturados.

Una de cal y una de arena, quieren meter a unos presos por represores y a otros por sediciosos, y se terminó el problema. Unos a la cárcel VIP, otros al COMCAR, y así dar vuelta la página de la historia rápidamente.

Pero esto no lo vamos a permitir.
Acá señores no reinstalarán la teoría de los dos demonios. No son dos bandos en pugna. Nadie se creerá ya más esa mentira histórica aunque traten de armar la parodia una y otra vez. Lo que hicieron los represores es criminal, lo que hacen los pueblos por resistir a todas las injusticias que esos criminales generaron es justo. Es legítimo.

Es legítimo soñar y pelear por una sociedad donde no caminen impunes por las calles los asesinos de nuestras compañeras y compañeros. Y es igualmente justo soñar y luchar por un mundo donde el que mande no sea don dinero. Donde lo que mande sea la necesidad de la gente y el respeto sin límites a los derechos de todas y todos.

El proceso que ha reiniciado el Poder Judicial, encabezado por el Juez Fernández Lecchini y con la ratificación del Tribunal de Apelaciones integrados por los magistrados Milka Núñez, Jorge Ruibal Pino y Ángel Cal pretende que se revisen todos los hechos vinculados a la manifestación anticapitalista realizada el 4 de noviembre de 2005 en la Ciudad Vieja, y procesar por sedición a todos los identificados, 70 o 100 si fuera necesario.

Recordemos que por estos hechos ya fueron procesados, y enviados a la cárcel 4 compañeros. La respuesta en las calles de toda la sociedad pronunciándose contra la aplicación del delito de sedición a personas por el hecho ser anticapitalistas permitió finalmente sacar de la cárcel a aquellos 4 compañeros el 9 de diciembre del 2005.

Por eso debemos convocar a reiniciar la campaña por el desprocesamiento de todos. Alertar sobre un nuevo intento desde el Poder Judicial encabezado por el Juez Fernández Lecchini de meter presos por delito de sedición a compañeras y compañeros por ser anticapitalistas. Este alegato político de Plenaria Memoria y Justicia es nuestra primera respuesta ante el pronunciamiento gravísimo del Tribunal de Apelaciones.

En el documento emitido por el Tribunal de Apelaciones los magistrados Milka Núñez, Jorge Ruibal Pino y Ángel Cal expresan que "la Sala advierte que tratándose de un tema como el que se discute, en el que existe una imputación de un delito (previsto en el Código Penal patrio) que notoriamente tiene connotaciones de orden político, el debate debe organizarse sobre una base estrictamente jurídica y con las necesarias cautelas relativas al mutuo respeto y cortesía, de modo que , conservándose las garantías a las que tiene derecho el justiciable, no se traspase la línea del discurso, invadiendo el campo de las acusaciones partidarias e invocando extremos que no tienen que ver con el Derecho."

Contradictorios, van y vuelven como un trabalenguas sobre el carácter supuestamente escéptico y criminal del proceso, pero no pueden sin embargo dejar de reconocer que todo el proceso tiene centro y eje político. Los magistrados pretenden cubrirse con la toga del derecho objetivo y pulcro, pero se preparan para tomar partido embarrándose hasta las rodillas por los intereses de la clase a la que representan, y por la cual animan a perseguir a anti-capitalistas por sediciosos.
Se apoyan en un delito que tipifica el Juez Fernández Lecchini recurriendo al Código Penal uruguayo vigente desde 1934, inspirado por el Código Penal italiano de 1931 (de la época musoliniana-fascista) y de autoría del conservador José Irureta Goyena (quien debió dimitir como decano universitario a fuerza de la lucha universitaria de los años 20-30). Este delito de sedición al que recurre Fernández Lecchini para atacar a los anti-capitalistas no se usó ni en la dictadura militar. Es un delito que apareció por primera vez en el tiempo de las tiranías reales inglesas en 1590. Gracias a los fascistas (como el mencionado José Irureta Goyena) se filtró en otros códigos penales por el mundo, incluso en el uruguayo. Pero es un recurso legal que en la actualidad tiene escasos precedentes, y sin embargo, de forma preocupante comienza reaparecer en distintos lugares. Por ejemplo, en EEUU y Australia para procesar a extranjeros sospechosos de terrorismo, y en Colombia contra guerrilleros y movimientos sociales que luchan contra las injusticias.

Pero ¿que es lo que verdaderamente anima a la justicia en este país a ensañarse contra los anticapitalistas y militantes de izquierda justo ahora?

Para nosotros es evidente que hay una rosca conservadora que permanece atrincherada en los despachos judiciales, y hay todo un sistema judicial, con un código fascista que esta al servicio de una clase que no ha cambiado un ápice, y que por el contrario se dispone a criminalizar toda lucha que cuestione los intereses de esa clase privilegiada.

Lo que esta sucediendo es que en el marco de ciertas concesiones que los poderosos se ven obligados a dar ante el avance de la lucha de los pueblos, hay -en contra-partida- una batería de medidas que apuntan a asegurar que los intereses de los banqueros, patrones y explotadores no se vean realmente afectados. Por eso, vemos como de manera cada vez más frecuente se procesa a cooperativistas, trabajadores en lucha por sus derechos, militantes de derechos humanos o anti-capitalistas.

Hay en esto un contexto político que es muy claro. Hay una lucha en el campo de los intereses de clase que aparece expresado por los propios magistrados del Tribunal de Apelaciones cuando se refieren a la marcha anticapitalista del 4 de noviembre del 2005. Ellos dicen: "Se atacaron pues, bienes de particulares y del Estado, por odio y desprecio contra los "capitalistas", "neo liberales", que pudieran conformar una clase dominante (…) que quieren derrotar o debilitar. Y éste es el objetivo político y social que exige la norma, así como la demostración de odio contra determinada clase social y a la vez contra las autoridades legalmente constituidas…"

Como profesionales al servicio de un sistema que se ha demostrado incapaz de elevar la condición humana (apreciación esta última que hacemos a partir de los estrictos datos que emergen de la realidad), el escrito de los magistrados parece limitarse a reproducir un razonamiento chato y en una sola dimensión, propio del pensamiento burgués que no comprende -o prefiere no hacerlo- que "quien se enfrenta a la barbarie capitalista, a la barbarie imperialista, a la barbarie nazi, ama al pueblo, ama al compañero y la compañera, ama a todo aquel que lucha por la libertad, ama a todo aquel que no se queda solo en palabras sino también materializa la solidaridad y el compromiso en su vida cotidiana, pero al mismo tiempo y en el mismo movimiento odia al explotador, odia al opresor, odia al racista, odia al violador, odia al nazi, al esclavista, odia al secuestrador de los hijos de nuestros compañeros y odia al genocida.

No se pueden separar ni escindir ambas formulaciones. El pensamiento burgués las separa, siempre, invariablemente cae en antinomias: Odio o amor. Paz o guerra. El pensamiento burgués, sus categorías analíticas, sus valores fetichizados y fragmentados no pueden escapar a las dicotomías. O amamos y ponemos la otra mejilla, o nos decidimos por a lucha y entonces odiamos."

La justicia pretende condenarnos a las cárceles, procesarnos por violentos cuando lo verdaderamente violento es todo este proceso. Hoy contra nosotros, mañana contra quien sabe que otros compañeros. Un proceso irregular, sin garantías donde los represores son los testigos. Toda la maraña judicial lo permite porque esa es la cancha de ellos, de los poderosos y de los que conviven gracias a tanta injusticia. A nosotros, al pueblo, en ese terreno se nos hace trampas, se nos deja en inferioridad de condiciones en la defensa política recurriendo a chicanas jurídicas.

Bastaría con repasar quienes son los denunciantes, de quienes provienen los testimonios que incriminan a nuestras compañeras y compañeros para hacerse una idea de la clase de personas en la que se apoyan los magistrados. Se trata de la expresión más rancia de la policía uruguaya, varios policías que registrados ante las cámaras lastimaban sin vergüenza a jóvenes y mujeres indefensas, las fotos muestran como estas bestias -principales testigos del juez- se agrupaban de a tres y cuatro para reventar sus sables y patear el ya rendido cuerpo en el piso de los manifestantes.

Con soberbia, rapados al mejor estilo nazi los policías Pablo Arce y Freddy Chiappa Souza -entre otros- primero castigaron a nuestras compañeras y compañeros, y luego montaron un escenario y acordaron sus declaraciones frente a los ojos del juez con una práctica y tranquilidad evidentemente acumulada en años de corrupción.

Tipos como el comisario Rocca -de la seccional 1era en Ciudad Vieja- dependencia contra la cual hay cantidades de denuncias sobre tráfico de drogas y maltrato a niños en situación de calle, permitieron aquel 4 de noviembre del 2005 que sus agentes dispararan sus armas de fuego contra la manifestación ya disuelta, que vaciaran sus cargadores, lo muestran las fotos!.

Persiguieron desaforados a personas hasta una hora después de culminada la movilización. Estos policías, los "Pumas", y los de la comisaría 1era, los agentes Julio C. Madera Burgueño, Victor Corsino Castillo, Oficial Pppal. Denis Tejera, Inzaurralde (DNII), Graciela Martinez -entre otros- son los verdaderos violentos. En plena faena represiva insultaron y golpearon a una compañera, y al advertirles que estaba embarazada le dijeron "jodete", continuaron golpeado y fue su compañero luego uno de los detenidos que termino en cárcel...a penas un cuadro que pinta el tipo de gente sobre los cuales los jueces apoyan su proceso.

Y sobre todo esto, sobre toda la brutalidad policial desatada, y registrada por los canales de televisión los magistrados solamente dicen que "lo que ocurrió después, en la plaza Matriz y en la Avda. 18 de Julio, fue el mero corolario de tal situación [la marcha anticapitalista], una vez que la autoridad policial fue autorizada a proceder".

En contrapartida a todo ese mundo oscuro, corrupto y denigrante de la policía y los servicios de inteligencia, están en el banquillo de los acusados, señalados como violentos nuestras compañeras y compañeros, estudiantes y trabajadores que piensan y buscan un mundo nuevo. Son los que están detrás de merenderos, los que defienden los derechos de los trabajadores, elaboran pensamiento de izquierda, hacen arte y reclaman memoria y justicia.

Nosotros no somos violentos, el orden de cosas que defienden con uñas y dientes los magistrados es violento. La sociedad por la que nosotros luchamos no se yergue sobre un ejercito de policías como si lo hace la actual, indiscutiblemente desigual y violenta cuyo orden defienden desesperadamente los jueces.

En la sociedad por la que nosotros luchamos no tienen lugar banqueros estafadores ni genocidas. En la actual -que ellos defienden- si. O acaso ¿que espíritu anima al gerente del Banco de Boston a ofrecer pruebas contra los manifestantes?, ¿alguien cree que se trata de una convicción noble y honrada de banqueros benévolos al servicio de un inocente capital transnacional?. El Banco de Boston -al que se le dañaron algunos cristales- es parte del segundo grupo económico más grande del continente. En menos tiempo del que lleva leer este texto el banco restauró su vidriera asegurada, es evidente que la rotura de un vidrio no es lo que empuja a estos señores a perseguir gente y encarcelarla por sediciosa, si no un profundo temor a que se cuestione -aunque más no sea simbólicamente en el acto del graffiti o el daño a alguna de sus vidrieras- el tremendo e injusto orden del que ellos -y otras varias instituciones amontonadas justamente allí en la meca financiera montevideana- son principales responsables.

Y los jueces acuden a este neurótico pedido de auxilio de los privilegiados y aplican con todo el rigor de la ley -azuzados también por el ministro del interior de turno- el castigo contra los que denuncian estas tremendas asimetrías sociales, de las que son responsables las instituciones como la Bolsa de Valores, el turbio Banco Bomercial, el Banco Santander, el Lloyds Bank etc. que fueron repudiados aquel 4 de noviembre.

Y respondiendo a esa psicosis de una sociedad que esta lastimada de tanto capitalismo, no faltaron los desesperados pedidos de linchamiento contra los manifestantes.

Es evidente que lo que se condena es que nuestras compañeras y compañeros jóvenes no sueñan -como ellos quisieran- con un 0 kilometro y ser respetables empresarios, si no -todo lo contrario- quieren un mundo justo, con valores de amor y equidad. No -como ahora-, como la sociedad actual, violenta, regida por valores de competencia y acopio de bienes privados a costa de hundir a un hermano. Nosotros no creemos en el derecho de la propiedad, no esta en nuestra propuesta política dañar un auto, y nos preocupa el derecho de los humanos no el de los vehículos. El resto es puro circo, para el que este dispuesto a consumirlo.

Esto no es un problema de unos pocos, ni de algún graffiti contra un banco. Esto es un problema de toda la sociedad frente a un poder judicial conservador.

Si en manos de estos encumbrados hombres y mujeres está la justicia, cuanto más urge entonces dar el paso hacia la luz de la historia para cambiar de una vez y para siempre el actual orden de las cosas. Nosotros vamos en busca de esa mujer y hombre nuevo. Por eso no hay transa. Por eso la tan mentada "conmoción social" del Juez Fernández Lecchini y el Tribunal de Apelaciones.

La criminalización de la protesta es un proceso que se ha instalado ahora también en nuestro país y tenemos que frenarlo. Cuando hablamos de criminalización de la protesta estamos hablando de un método represivo sistemático que se está aplicando en otros países de la región contra los movimientos populares, y que no es fácil de explicar, pero que está causando estragos en las organizaciones sociales que luchan contra las injusticias.

No es casualidad que el Juez Fernández Lecchini use -en este proceso por sedición- fundamentos parecidos a los que utilizó -por ejemplo- la justicia Argentina en el 2001 para procesar a luchadores sociales. Fundamentos planteados por el Letrado M.A. Ekmedjian que expresan: "la única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo, es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. (…) Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a los sumo, la de un grupo sedicioso".

Sobre esta base, miles de personas fueron procesadas en Argentina en los últimos años. Procesos que han terminado en cárcel algunas veces, y en otros casos han quedado pendientes -en una suerte de Standby- que implica, para el que quiere luchar una amenaza latente que lo pretende sacar de movimiento en su lugar natural de lucha, el sindicato, la organización social etc.

Esto es muy grave porque inhibe la posibilidad de cuestionamiento de los movimientos sociales. Inhibe la posibilidad de discrepar y actuar en consecuencia, es un verdadero retroceso de las libertades públicas conquistadas, y un retroceso para las mujeres y hombres que pretenden ofrecer generosamente toda su disposición a la lucha para cambiar las injusticias actuales.

Desde el poder se responde indicado que no es verdad que haya restricciones a la libertad de protestar. Dicen ellos que es posible manifestarse dentro de los carriles que han impuesto. Y a la vez habilitan que jueces conservadores procesen a quienes ellos consideran que se salen de los carriles. ¡Vaya posibilidad de cambiar las cosas!. Hoy el que esta fuera de los carriles son anti-capitalistas, mañana sindicalistas, pasado cooperativistas...¿donde para esto?.

Lo grave es que la criminalización de la protesta es un proceso sutil de reprimir, donde los actores involucrados -que son mucho más que algunos funcionarios judiciales- operan en el marco de una aparente independencia de criterios, que sin embrago en interrelación con todo un andamiaje político-social configura una sociedad hiper-represiva. Medios masivos de comunicación, estrategias de los servicios de inteligencia, grandes puestas en escena de una clase política que comienza a ver el enemigo en todas partes y reclama a la sociedad la complicidad para perseguir la supuesta amenaza termina en grandes desastres. Esto es lo que se llama a frenar. Esto es lo que pretenden frenar los movimientos populares en la región, el pueblo de izquierda. Y esto es lo que hay que frenar ahora aquí en Uruguay.

Por nuestra parte nos queda llamar a la sociedad toda a resistir esta injusticia, nos queda no solo llamar a luchar por el derecho a la protesta si no -sobre todo- ejercer la protesta con la profundidad y urgencia que los verdaderos cambios reclaman. Los que aún no han llegado, los que viven en la memoria de nuestras luchas. Nos queda invitar a nuestro pueblo de izquierda a velar por sus compañeras y compañeros perseguidos por el conservadurismo y la maniobra derechista. Decirle no a la criminalización de la protesta. Decirle no a los criminales de la historia, a los genocidas, a los patrones y capitalistas, pero también a los que se ponen incondicionalmente a su disposición, magistrados y policías como los que han armado todo este proceso contra nuestras compañeras y compañeros por anti-capitalistas.

Plenaria Memoria y Justicia iniciará una campaña masiva, como la que terminó liberando a las compañeras y compañeros presos el año pasado. Cuando nuestros militantes sean llamados nuevamente ante el Juez Fernández Lecchini, -si la citación es en calidad de testigo- se limitarán a denunciar la brutalidad policial, y si la citación es en calidad de indagado nada tenemos que responder ante un proceso que consideramos no ofrece ninguna garantía, y solo es parodia de una condena política que ya se nos ha hecho de antemano por ser anticapitalistas. Nuestro silencio absoluto ante un Juez que ha actuado como lo ha hecho Fernández Lecchini es un derecho consagrado en los acuerdos de San Jose-Costa Rica. Y en adelante solo la lucha de nuestras compañeras y compañeros en las calles, solo la presión permanente y en aumento resolverá este problema que ha instalado la derecha conservadora y quienes -desde el poder- sustentan este proceso de criminalización de la protesta.

Anticapitalistas siempre!, estamos alertas, si tocan a uno tocan a todos.

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